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Más impunidad: suspenden el jury al fiscal denunciado por delitos de lesa humanidad en Zona Norte

Hace un año, los organismos de derechos humanos realizaron un pedido para destituir al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, imputado en dos causas por delitos de lesa humanidad. El Jurado de Enjuiciamiento del Senado provincial decidió no hacer lugar a la denuncia, pese a las evidencias de que Garello participó de espionaje e infiltración de organismos durante la dictadura.

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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) realizaron un pedido en noviembre de 2016 para destituir al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello. Ese día, en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, explicaron que la denuncia se desprendía de documentos que encontró la CPM y demostraban que Garello había trabajado en la delegación del partido de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) entre 1978 y 1981 como oficial subinspector. El 7 de febrero de este año designaron a los jueces y el 5 de abril eligieron a los cinco legisladores que llevarían adelante la investigación. Ayer finalmente se reunió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios en el Salón Dorado de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Con la presencia de la presidenta de los jurados, Hilda Kogan, y el secretario Ulises Alberto Giménez, el tribunal decidió no dar lugar a la denuncia contra Garello. Así, pese a las evidencias, resolvieron suspender el jury. 

“El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios resuelve por mayoría el cierre y archivo de las presentes actuaciones”, se puede leer en la última página del documento que firmaron los miembros del tribunal. En el comité sólo dos personas votaron en disidencia a la resolución de favorecer a Garello: los doctores Eduardo Zimmermann y Leandro Matilla. Los demás apoyaron la decisión de archivar la causa: la abogada Alicia Racig y el abogado Horacio Enrique Hernández, los legisladores provinciales de Cambiemos Juan Pablo Allan y Santiago Nardelli, el senador provincial del Frente Renovador Hernán Albisu y el diputado provincial -también del partido de Sergio Massa- Lisandro Bonelli. Un solo diputado de la provincia de Buenos Aires estuvo ausente: Avelino Zurro, del Frente Para la Victoria.

“Esta decisión de los legisladores de Cambiemos y UNA, atenta contra la democratización de la justicia y consolida pactos políticos que promueven la impunidad frente a graves delitos de lesa humanidad”, expresó el CELS, mediante un comunicado. “La decisión cierra la posibilidad de investigar la actuación de un funcionario judicial que fue parte de la maquinaria del terrorismo de estado como ‘espía’ de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense y da lugar a un pacto político de impunidad entre los bloques políticos de Cambiemos y UNA. Ni siquiera consideraron que fuera necesario investigar las graves acusaciones contra Fernández Garello -agrega el mensaje- La resolución iguala delitos comunes con delitos de lesa humanidad, e implica una grave regresión jurídica que desconoce leyes y pactos internacionales firmados por Argentina para la defensa de los derechos humanos”.

La denuncia contra el jefe de los fiscales de Mar del Plata se basaba sobre dos puntos fuertes: que Garello está imputado en dos causas donde se investigan delitos de lesa humanidad y que en el currículum vitae que presentó para ser magistrado incurrió en una falta al omitir mencionar sus antecedentes como oficial de la ex DIPPBA. “Él dice que trabajó en forma sucesiva en la órbita del ministerio de Gobierno de 1977 a 1991. De esa manera ni siquiera puso que fue policía y oculta su trayectoria porque sabe que de otra manera podría quedar sujeta a ser analizada penalmente”, explica Federico Schmeigel, investigador de la CPM, a El Argentino ZN.

Sin embargo, para rechazar el pedido de jury el Jurado dijo que “los hechos denunciados como delitos y faltas resultan ajenos a la competencia del tribunal”. Pusieron en cuestionamiento el carácter de imputado de Garello porque necesitaban que los jueces que llevan adelante las causas comuniquen mediante control interno el estado procesal del fiscal marplatense. “En uno de los casos Garello ya fue citado a indagatoria. Eso refuerza el carácter de imputado”, contraargumenta Schmeigel. Y para hablar sobre el CV que utilizó en la postulación al cargo de Fiscal General citaron el artículo 10 de la ley 20.195 -vigente al tiempo de los hechos- que dice: “Todas las actividades que desarrolle la Secretaría de Informaciones de Estado, como asimismo su organización, funciones y documentación, son calificadas en interés de la seguridad nacional”. Pero según la CPM esa normativa era secreta y de la época de la dictadura, y además regía para la SIDE. “No hemos visto que las reglas de la SIDE se apliquen a las de la DIPPBA -afirmaron desde la Comisión Provincial- Creemos que es un exceso de formalismo que busca incurrir en un encubrimiento político”.

“La denuncia que nos convoca ha cumplido con los requisitos que se enuncian en el artículo 26 de la ley de Enjuiciamiento 13.661”, citan al final del documento los conjueces Zimmermann y Matilla, los únicos que votaron en disidencia. “Ellos entendieron que no se estaba definiendo la cuestión de fondo: eso va por otro canal. Acá se decidía si estaban dadas las condiciones o no para que se abra un sumario y se investigue, y ellos afirmaron que sí”, concluye Schmeigel.

“No puedo creer que hayan votado a favor de un genocida”, comenta Carmen Metrovich a El Argentino ZN. Carmen es la cuñada de Ana María Martínez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), secuestrada la noche del 4 de febrero de 1982. Ocho días después de ese episodio encontraron su cuerpo sin vida en Punta Querandí, en el límite entre los partidos de Tigre y Escobar. El de Ana María es el caso 407 de la causa 4012 caratulada como “Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, etc.” que transita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín y lleva adelante la jueza Alicia Vence. Y es uno de los dos hechos por los cuales Garello está imputado y se lo investiga por crímenes de lesa humanidad. “Igual no vamos a bajar los brazos”, dice la mujer rodeada de familiares, amigas y amigos de la Comisión por Ana María Martínez. Todos llevan una remera y la bandera que pide justicia y dice “presente” por su ex compañera.

En los documentos que entregó la CPM se menciona que Garello participó en 17 intervenciones de espionaje político y gremial y también en infiltraciones de asociaciones de derechos humanos. Y se demuestra su relación directa con el caso de tres víctimas de San Isidro que fueron sobrevivientes de torturas. La causa por uno de esos hechos tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Allí, el actual fiscal general de Mar del Plata fue llamado para declarar en indagatoria para el 13 de diciembre de este año. Hasta ahora, en todas las instancias en las que fue citado, nunca se hizo presente. Pero a esta no puede faltar. Y los familiares, amigos y ex compañeros de las víctimas esperan finalmente conocer en persona el rostro del nombre que vienen mascullando.

1 COMENTARIO

  1. Y porque no fue el legislador del FPV? Porque desde febrero, que se constituyo el jury, no se movieron para juzgar a Garello? La nota le pretende lavar la cara al kirchnerismo que es tan responsable con Cambiemos y FR de garantizar la impunidad para el fiscal.

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