Revés judicial para Jorge Macri: la Corte bonaerense confirmó que son ilegales...

Revés judicial para Jorge Macri: la Corte bonaerense confirmó que son ilegales los cacheos en el río

A pesar de que la Justicia las frenó en reiteradas oportunidades, el Municipio de Vicente López apeló varias veces e insiste con las requisas para entrar al vial costero, un espacio público y abierto. La polémica comenzó en 2015, luego de que vecinos presentaran un habeas corpus por varios casos de violencia institucional llevados adelante por policías bonaerenses y empleados municipales.

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La asamblea Unidos por el Río, el Foro por el Ambiente y la Salud de Vicente López y la ONG Naturaleza de Derechos presentaron un habeas corpus a principios de 2015 por las requisas y los cacheos que la Municipalidad de Jorge Macri ordenaba en el paseo de la costa. “Se realizan en retenes dispuestos sobre todas las arterias que conducen al Vial Costero, transformando el acceso al mismo en un ingreso a un lugar privado”, habían denunciado en el escrito los vecinos y las vecinas del partido. En marzo, el Juzgado de Garantías 2 de San Isidro intimó al municipio a “adecuar las conductas contrarias a la ley a los parámetros especificados en el ordenamiento legal”. Siete meses después, la intendencia apeló y la sala VI de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso: los jueces declararon que la comuna incurría en “afirmaciones dogmáticas”. Y aunque el municipio agotó todas las opciones, no logró revertir la situación: ahora la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó el fallo del tribunal de primera instancia y dispuso que el gobierno cese las restricciones y controles a los hombres y mujeres que quieren disfrutar del río.

“Nosotros lo que buscamos es que se nos respeten los derechos. Nos gustaría un municipio con diálogo, que consulte las cosas con los vecinos y no que las haga por la fuerza. En el fallo de la Corte se cae de maduro que previene una violación de garantías constitucionales”, explicó Alejandro Benatar, integrante de Unidos, a El Argentino ZN. La sentencia del máximo tribunal de justicia de la Provincia está firmada por la presidenta Hilda Kogan, los ministros Eduardo Julio Pettigiani, Eduardo Néstor de Lázzari, Daniel Fernando Soria y el secretario Daniel Martínez Astorino. En el escrito, los jueces resolvieron: “Desestimar -por inadmisible- la queja interpuesta por el apoderado de la Municipalidad de Vicente López”. Y además, declaran la “inoficiosidad de la tarea profesional” realizada por el abogado Gabino Tapia, representante de la comuna. Para esto último, citan el artículo 30 del decreto ley 8904/77 que dice: “Los trabajos y escritos notoriamente inoficiosos no serán considerados a los efectos de la regulación de honorarios”.

“En el fallo de la Corte se cae de maduro que previene una violación de garantías constitucionales”

“Muchos se creen la excusa de la seguridad. Resulta que el paseo costero debe ser uno de los territorios más controlados del país”, aseguraron desde Unidos por el Río. Desde el colectivo enumeraron el sistema de vigilancia que existe en la costa de Vicente López: cámaras, garitas en lo alto -instaladas a la altura de las avenidas Laprida e Yrigoyen-, no sólo fuerzas municipales, sino también bonaerenses, federales y Prefectura. Además, agentes que recorren el vial en bici o en moto, y la seguridad privada de los emprendimientos inmobiliarios que rodean al Río de la Plata. “Lo del alcohol también es un pretexto, una hipocresía”, agregaron los miembros de la asamblea. Y pusieron como ejemplo de esa contradicción al Burger Fest: un evento gastronómico que se realiza en la costa y donde se instala un patio cervecero y food trucks que venden vino y coctelería. “Los cacheos y requisas son una cuestión de control social: no buscan prevenir nada, sino que nos vayamos haciendo la idea de que estas entrando a un lugar privado, que en realidad no lo es”, concluyó Benatar.

“Los cacheos y requisas son una cuestión de control social: no buscan prevenir nada”

Los vecinos y vecinas presentaron el habeas corpus en 2015 por el caso de una mamá que se negó a mostrar lo que llevaba en su mochila y estuvo en la comisaría separada durante siete horas de su nena de tres años. Terminó con una causa armada por desacato a la autoridad; y también, porque se enteraron de un joven que los agentes detuvieron por resistirse a ser revisado: los oficiales lo desvistieron a punta de pistola y amenazaron con violarlo. Estas denuncias decantaron en la judicialización del caso y en la realización de volantes por parte de Unidos por el Río para informar sobre cómo actuar frente a una situación de ese tipo. Durante 2016 y principios de este año, la asamblea denunció que los cacheos continuaban, y para combatirlos, repartían ese documento en el que detallaban: “Ningún funcionario público puede exigirte que le muestres tu bolso, mochila, cartera, heladera portátil o realizarte un cacheo. Para hacerte esto tiene que haber una orden judicial. El personal policial sólo puede hacerlo si comprueba que estás vinculado a un delito”. En el manual también explicaban que se puede citar la sentencia del Juzgado de Garantías 2 de San Isidro: ahora avalada por el máximo tribunal de Justicia.

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