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El grito de Justicia por Ana María Martínez y la impunidad del fiscal sospechado de participar del crimen

A más de 35 años de su secuestro y asesinato en Tigre, sus familiares exigen que avance la causa contra Fabián Fernández Garello, fiscal general de Mar del Plata involucrado en casos de lesa humanidad en Zona Norte. La historia de la última víctima de la dictadura, la memoria de su familia y una marcha a los Tribunales de San Martín.

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Ana María Martínez estaba de vacaciones con la familia de su esposo, José Santiago Metrovich, a fines de enero de 1982. Acampaban en la ciudad bonaerense de Baradero: habían recorrido todos juntos los 150 kilómetros desde la zona norte del conurbano en una furgoneta. El día que se tenían que ir, se levantó un temporal que no les permitía acercarse al vehículo. Tenían que esperar. Carmen Metrovich, la hermana de José y cuñada de Ana, lo recuerda ahora sentada en el comedor de su casa en el partido de Tigre: “Viste cuando sentís que hay algo que no te deja ir -dice y se aprieta las manos contra el pecho-. Era así”. Unos días después, la mañana del cuatro de febrero, el médico de Ana le confirmó que a sus 31 años estaba embarazada hacía tres meses. A la tarde se lo contó a José en su casa de la localidad de Villa de Mayo. Antes de la cena, ella salió a un almacén del barrio para comprar verduras. Él se quedó para cocinar la carne. Pero Ana no volvió: cuando estaba por llegar al domicilio, un hombre la agarró por el cuello y la metió dentro de un Ford Falcon. Ocho días más tarde, su cuerpo apareció semienterrado en Punta Querandí, en el límite entre Tigre y Escobar. Fue uno de los últimos crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar.

A más de 35 años del asesinato, Carmen junto a la Comisión de Familiares, Amigos y ex Compañeros de Ana María Martínez siguen en búsqueda de justicia. En noviembre de 2016, con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, realizaron un pedido de destitución del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. La denuncia se desprendió de documentos que encontró la CPM que demostraron que Garello trabajó en la delegación del partido de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) entre 1978 y 1981: en los papeles queda claro su rol como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en tareas de inteligencia y seguimiento de personas. La CPM entregó copia de los archivos al juzgado de San Martín, que lleva adelante la causa de Ana María, y al de San Isidro, que investiga la intervención de Garello en el secuestro y tortura de tres militantes comunistas.

“El siete de febrero de este año designaron a los jueces para el jury contra Garello. El cinco de abril eligieron a los cinco diputados que formarían parte. El jefe de los fiscales marplatenses tendría que haber estado presente en las dos ocasiones, pero no fue a ninguna”, cuenta Carmen, y agrega: “Hace un mes se estuvo paseando por los juzgados de San Martín y San Isidro para hablar sobre su situación en las causas. Su abogado se llevó copia de los expedientes”. Por estos motivos, ella y la Comisión por Ana van a marchar el 25 de este mes a la puerta del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2 para pedirle a la jueza Alicia Vence -que lleva a cabo la instrucción para dar con los responsables policiales del caso- que se profundice la investigación sobre la DIPBA y Garello. Y además, tienen pensado unos días antes de la movilización dar una conferencia en el Congreso: “Vamos a pedir que se investigue a fondo la inteligencia que funcionó en el asesinato de Ana y también queremos responsabilizar de antemano a la justicia por si le pasa algo a alguno de los compañeros que estamos luchando por esta causa”.

“Una parte de la causa de Ana María ya fue elevada al Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín. Es contra los imputados militares de Campo de Mayo, responsables del secuestro de 1982”, explica el abogado querellante Pablo Llonto, que representa al primer esposo que tuvo Ana María: Guillermo Schelling. Hace poco, la CPM también se sumó a la querella. “Guillermo vive en España y por eso se le complica un poco el seguimiento. Pero igual nos llama por teléfono y contacta a la Comisión para estar al tanto. Y le envió una carta a la jueza diciendo que nos reconocía a nosotros y aprobaba nuestras acciones”, explica Carmen.

Los procesados del juicio son el teniente coronel Raúl Guillermo Pascual Muñoz y el general de brigada Jorge Norberto Apa. Los dos, relacionados a las actividades militares y de inteligencia de Campo de Mayo, están imputados por privación ilegítima de la libertad y homicidio. También estaba implicado el teniente general Héctor Ríos Ereñú, condenado a dos prisiones perpetuas por delitos de lesa humanidad, pero murió el 20 de junio de este año.

“Hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión contra el fiscal del gobierno de Vidal: Garello sigue gozando de impunidad pese a que los documentos lo colocan en un lugar central en la infiltración en contra de las organizaciones populares y políticas, y como parte del aparato del terrorismo de estado y genocidio”, aclara Llonto sobre el fiscal general de Mar del Plata.

“Hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión contra el fiscal del gobierno de Vidal: Garello sigue gozando de impunidad”

En los documentos que entregó la CPM se menciona que participó en 17 intervenciones de espionaje político y gremial y también en infiltraciones de asociaciones de derechos humanos. Y se demuestra su relación directa con el caso de tres víctimas de San Isidro que fueron sobrevivientes de las torturas. En uno de los casos, la persona hizo pública su denuncia y llegó hasta el diario La Nación en febrero del 82. “El hombre fue detenido y cuando se alejaron de su domicilio fue encapuchado. Se lo sometió a un interrogatorio, acompañado de golpes de puño y de castigos con una especie de látigo. Posteriormente se le colocó un cable con una especie de anillo y se le aplicó la picana eléctrica”, se puede leer en la nota redactada de ese año.

Carmen, sentada en la mesa de un café, dibuja líneas y forma una escalera que cada vez llega más alto en una hoja de un cuaderno. Sin levantar la vista, habla: “El zorro gris de la calle, le avisaba a un policía. Ese, al comisario. Después, al jefe. La información se iba pasando verticalmente, queda demostrado en los documentos que es imposible que Garello no supiera”.

Sin embargo, el fiscal le mandó un escrito en noviembre de 2016 a la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires: si bien en la carta admitió que trabajó para la Dirección de Inteligencia provincial, negó ser responsable de los crímenes de lesa humanidad. “No realicé las tareas de inteligencia que denuncia la CPM -le dijo a la agencia de noticias Télam-. Cuando ocurrió eso yo hacía tres meses que había dejado mi trabajo en la DIPBA”. Carmen deja la lapicera y se ríe irónicamente: “Cuando dice lo de los tres meses me parece que le falla la memoria”. Se refiere a que según los archivos que aportó la Comisión, Garello aparece registrado en Tigre la última semana de diciembre de 1981. A Ana María la secuestraron el cuatro de febrero: hay sólo un mes de diferencia.

Ana María era de Mar del Plata y militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Trabajaba en la fábrica de alfajores Havanna hasta que se tuvo que ir de la ciudad porque le allanaron la casa. Empezó a vivir en zona norte y a trabajar en la autopartista Dunit y DEA de Vicente López. La DIPBA se acercó a ella durante el conflicto bancario de 1981, cuando frente a los masivos despidos y el pedido de aumento de salarios, los militantes iban a volantear y a charlar con los empleados. El primer encuentro se dio en el Banco de Londres de San Martín. Cuando los miembros de la agrupación donde estaba Ana preguntaron si podían hablar con alguien, les presentaron a un supuesto delegado llamado Juan. “Nunca supimos si su nombre era Juan o Raúl, se ve que usaba los dos. Cuentan que estaba barriendo, tranquilo, como sabiendo que iban a llegar”, explica Carmen. Esa persona, que desde el principio de la relación siempre fue muy accesible, era en realidad un agente de inteligencia de la dictadura y el infiltrado encargado de perseguir a Ana María. Su nombre real era Juan Pedro Peters y trabajaba en la misma delegación que el actual fiscal Garello.

“Lo que encontramos es que se hizo un seguimiento a principios del 81, efectuado por el oficial Peters. Empieza a perfilarse el blanco de Ana María, a quien mencionan con el alías que ella usaba: Rosalía”, dice Federico Schmeigel, investigador de la CPM.

Él es uno de los que descubrió la relación del infiltrado con el caso a través de la documentación: “Esta persona va a estar muy pegada y va a ser quien obtiene información de primera mano y placas fotográficas para el Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo”. Carmen recuerda que en una reunión con ex compañeros de Ana, mostraron la foto de Peters y dos personas distintas lo reconocieron. “Los mozos de los lugares donde se reunían contaron que él iba antes a explicar que se iban a sentar en una mesa. Y pedía expresamente que allí los vasos estuvieran relucientes, cristalinos. De esa manera quedaban a la vista las huellas digitales”, explica la cuñada de Ana María. Según lo que pudieron averiguar desde la Comisión, Peters murió. Aunque algunos integrantes de la asamblea fueron a ver donde estaba enterrado -les habían dicho que en el cementerio de Grand Bourg- nunca encontraron la lápida ni ningún registro.

“Tenemos que salir a la calle, y aunque no consigamos justicia, vamos a seguir reivindicando a Ana”

“Si nos sentamos a mirar los expedientes no logramos nada. Tenemos que salir a la calle, y aunque no consigamos justicia, vamos a seguir reivindicando a Ana”, afirma Antonia Margarita Bordón, ex compañera de militancia de Ana María e integrante de la Comisión. Marga, como la llaman, define a Carmen como la cabeza de todo y la que guarda todos los datos. En viceversa, Carmen la defina a ella como la que siempre está dispuesta a luchar. Ellas dos junto a los miembros del colectivo que pelean por la causa consiguieron que en 2013 los obreros de la fábrica recuperada Zanón de Neuquén -hoy, FaSinPat- construyeran cuatro baldosas para recordar a Ana María. Hay tres colocadas en distintos lugares: una donde encontraron el cuerpo en Punta Querandí, que fue declarado Espacio de la Memoria por el Concejo Deliberante de Tigre; otra en la casa de Villa de Mayo donde fue secuestrada; y la última, en el sindicato docente de Pacheco: el sueño de Ana María era ser maestra jardinera. “Nos pareció lindo rendirle ese homenaje -explica Carmen mientras mira la cuarta placa- A esta la guardamos para un lugar especial”.

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