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Gendarmería reprimió a manifestantes en Panamericana y Ruta 197.

La Justicia dictó la falta de mérito a seis manifestantes que fueron detenidos durante la represión en la Panamericana ocurrida en el paro nacional del 6 de abril. Una represión que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich justificó acusando a los manifestantes de estar cometiendo un delito y, atribuyéndose el protocolo antipiquetes, ordenó reprimir y desalojar sin tener una orden judicial.

La resolución pertenece a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien consideró que el corte de la autopista no es un elemento suficiente para procesar a los seis manifestantes detenidos. Por ahora, la magistrada resolvió dictar la falta de mérito hasta avanzar con más elementos probatorios antes de resolver el asunto de fondo, por lo que los acusados todavía no fueron sobreseídos, informó Página 12.

“Con esta resolución el protocolo queda mal herido porque considera a las manifestaciones un delito al que las fuerzas de seguridad deben desalojar, con aviso previo”, señalaron a Página 12 los abogados defensores de los acusados. Y agregaron: “Sobre la base de que las detenciones fueron realizadas por la Gendarmería mientras se realizaba el corte de Panamericana con carriles libres, es claro que la resolución no consideró a priori que dicha manifestación era un delito y por eso no encontró elementos suficientes para procesar a los manifestantes”.

Las detenciones se realizaron el pasado 6 de abril, en el marco del paro general convocado por las centrales obreras, y que llevó a organizaciones y militantes de izquierda a cortar diferentes accesos a la Ciudad, entre otros puntos del país. La autopista Panamericana, a la altura de Tigre, fue el principal escenario de la represión desatada contra los trabajadores y militantes, en el marco de un operativo ordenado y justificado por la ministra Bullrich y su segundo, Eugenio Burzaco.

Tras la violenta represión, incluso, recayó días después una denuncia de la abogada Myriam Bregman, del FIT, también radicada en el juzgado de Arroyo Salgado, para que se investigue la responsabilidad de las autoridades de seguridad y de los agentes de Gendarmería “en relación a la represión y dispersión de manifestantes”.

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