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El Senado aprobó la Ley Brisa: por los derechos de hijos e hijas de víctimas de femicidio

El proyecto que priva de responsabilidad parental al femicida y crea un régimen de subsidios para hijos e hijas menores de las víctimas de femicidio obtuvo media sanción en la Cámara alta. Los casos emblemáticos de Zona Norte que reflejaban la necesidad de esta normativa.

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Foto: Agencia AUNO.

Con 47 votos afirmativos, se aprobó por unanimidad en el Senado el proyecto que priva de responsabilidad parental al femicida y, con 53 votos, se aprobó el proyecto que crea un régimen de subsidios para menores huérfanos de madre por causa de femicidio. La medida, conocida como Ley Brisa, tiene un largo historial de reclamo en Zona Norte.

Cuando en septiembre de 2012 Solange Aguirre, de 22 años, fue decapitada y enterrada en Benavídez por su pareja, Alejandro Reynoso -condenado a prisión perpetua por “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”-, sus dos hijos pequeños se quedaron sin mamá y papá. Su abuela, Mirta Aguilera, tuvo que dejar de trabajar para cuidarlos. Recién en 2015 logró cobrar por primera vez la Asignación Universal por Hijo de la que era beneficiaria Solange. Así lo relató por entonces a este medio, cuando la llamada Ley Brisa no era más que un anteproyecto, una necesidad y un deseo.

La iniciativa fue impulsada por el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, coordinado por La Casa del Encuentro, que en 2014 registró que 200 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas colaterales de estos crímenes. La norma fue llamada “Brisa”, nombre de la hija más pequeña de Daiana Barrionuevo, otra mujer asesinada en Moreno por su pareja.

Además del caso de Solange Aguirre, en Zona Norte hay otros ejemplos emblemáticos de femicidios que dejaron a niños y niñas huérfanos y sin sostén económico ni apoyo por parte del Estado. Pasó, por caso, con Erica Soriano, una mujer de 30 años que vivía en Villa Adelina y que está desaparecida desde el 21 de agosto de 2010. La hipótesis es que nunca salió de la casa de su pareja de entonces, Daniel Lagostena, ubicada en Lanús, donde aparecieron sus documentos y llaves. La hija de ella fue criada por su abuela, Ester Soriano. “Yo me hice cargo de mi nieta, nadie nunca me ayudó, pero dentro de todo no estoy en mala situación económica. Voy a apoyar este proyecto para ayudar a otras personas que lo necesitan”, decía la mujer cuando se reclamaba por el avance del anteproyecto que hoy se convirtió en norma aprobada en el Senado.

“Estos niños y niñas necesitan una reparación económica, porque el Estado no estuvo para evitar las muertes de sus mamás. No es un subsidio, es garantizarles un derecho”, explicó por entonces la abogada Alejandra Lauría, coordinadora del área legal de la ONG, a la agencia Télam. El anteproyecto, que surgió desde la sociedad civil, fue enviado al Congreso Nacional y terminó obteniendo media sanción en las últimas horas.

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