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Reflota la causa por los daños de Colony Park en el Delta, a casi 10 años de la denuncia

Se realizará una audiencia oral y pública por las irregularidades en la ocupación y la destrucción ambiental del cauce del internacional río. Organizaciones ambientalistas convocan a participar. “Hay una política de Estado que permite a empresas privadas como Nordelta, Colony Park y demás construir donde no hay que construir”, advierte el abogado que representa a los isleños afectados.

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Registro de los efectos de Colony Park en el paisaje del Delta. Foto: AAPE.

Isleños y ambientalistas de Tigre y Escobar llevan casi una década buscando justicia por los efectos que los mega emprendimientos inmobiliarios Colony Park y Parque de la Isla causaron en la primera sección de islas de los humedales del Delta del Paraná. Este miércoles 31, a casi diez años de radicada la denuncia, tendrá lugar una audiencia oral y pública por las irregularidades en la ocupación y la destrucción ambiental del cauce del internacional río.

La audiencia será a las 10.45 en el marco de la causa Nº 439/13 (ex 8951/11 y 8951/08), en la Cámara de Apelaciones de San Martín, en calle 99 Nº 3053. Allí convoca la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (AAPE), para participar y presenciar el debate –presentando DNI-.

Tal como reseñó la AAPE, los vecinos y organizaciones sociales denunciaron en el año 2008 la “presunta comisión de los delitos de apoderamiento indebido de cientos de hectáreas de los cauces de ríos navegables y acuíferos (napas de agua) –bienes del dominio público natural o bienes que pertenecen al conjunto de los ciudadanos argentinos, y no pueden ser ni vendidos ni comprados–, daño agravado sobre bienes del dominio público natural, incumplimiento a los deberes de funcionario público; y la presunta comisión del delito de lesa humanidad por una agresión continua, sistemática y generalizada contra la población civil, mediante una política de Estado, donde funcionarios nacionales, provinciales y municipales disponen de bienes del dominio público del Estado Provincial y los disponen al servicio de los intereses privados”.

El proyecto de Colony Park comenzó a erigirse en 2008 y fue detenido en 2011, en el marco de una causa judicial radicada en el Juzgado Federal 1 de San Isidro. Pero el freno de la mega obra no revirtió los efectos ya causados sobre el hábitat -desmonte, desvío de cursos de agua, pérdida de fauna- ni sobre la población isleña expulsada.

“El tema viene de hace diez años. Hay una política de Estado que permite a empresas privadas como Nordelta, Colony Park y demás construir donde no hay que construir. Está prohibido por la Constitución. El lecho de un río navegable internacional está fuera de comercio por ley”, enfatizó el abogado Enrique Ferreccio, representante de los isleños damnificados, en diálogo con El Argentino ZN. Y agregó: “Ellos –los desarrolladores de los emprendimientos en el Delta- elevan una meseta, dragan, hacen lagunas para construir y eso hace que el río modifique su régimen hidráulico. Colony tiene una salida tangencial de la costa hacia dentro del río, las mareas chocan y mandan agua al continente. Esto incluso ha matado gente: es estrago seguido de muerte”, advirtió.

La defensa de Colony niega que haya habido población civil afectada y plantea que su obra se llevaba a cabo sobre tierras privadas, según informó el letrado. Sin embargo, desde hace años hay denuncias de isleños que habitaban o habitan la zona. Incluso, hubo alertaron por presuntos hechos para amedrentarlos y expulsarlos, como incendios a viviendas y talleres. “Hace poco incendiaron un galpón de ellos -junqueros nucleados en la Cooperativa La Esperanza- y no se investigó nada, pese a que Prefectura tendría que controlar la zona”, señaló Ferreccio.

En el marco de esta causa, Arroyo Salgado resolvió en septiembre del año pasado el procesamiento de José Manuel Molina y Ana María Corbi, ex Directirvos Ejecutivos del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, y de los funcionarios Antonio Grandoni Carlos Alfredo Vittor y Eduardo Mario Cergnul, dependientes del Ejecutivo municipal de Tigre. En cuanto a los desarrolladores inmobiliarios, procesó sin prisión preventiva a Hugo Damián Schwartz, por encontrarlo prima facie autor mediato de los delitos de daño agravado y estrago; así como a Adrián Gabriel Schwartz, Sergio Andrés Schwartz, Eduardo Héctor Carrasco y Francisco José Billoch. La jueza sobreseyó en cambio a las autoridades del Estado nacional de la Dirección Nacional de Vías Navegables y de la Prefectura Naval Argentina. Pero la querella insistirá sobre la responsabilidad de las distintas instancias gubernamentales por permitir el avance de las obras, cuyas secuelas sobre el ambiente siguen vigentes.

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