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San Martín: el TOF 1 rechazó aplicar el 2×1 a un ex policía condenado por delitos de lesa humanidad

Caimi fue comisario en Villa Ballester durante la dictadura y se lo condenó a 12 años de cárcel por secuestros y tormentos, entre otras cosas. Siempre cumplió su pena en su domicilio. A partir del grave precedente sentado por el repudiado fallo de la Corte, pidió ser beneficiado con el 2x1 y excarcelado. Fiscales y jueces se pronunciaron en contra.

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El ex comisario Carlos Daniel Caimi fue condenado a 12 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos en la seccional de Villa Ballester durante la última dictadura cívico-militar. Apelando al escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia que consideró aplicable el beneficio del 2×1 a genocidas, la defensa de Caimi solicitó que fuera favorecido por ese cómputo de pena y excarcelado. Pero el planteo fue rechazado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, por unanimidad y en línea con el dictamen del fiscal general Marcelo García Berro y el fiscal ad hoc Guillermo Silva.

Caimi fue durante la dictadura comisario de la seccional de Villa Ballester, donde se mantuvieron secuestrados detenidos-desaparecidos. En diciembre de 2015 fue condenado a 12 años de prisión pero nunca estuvo detenido en la cárcel, sino en su domicilio. Así y todo, solicitó la aplicación del cómputo establecido por el derogado artículo 7 de la ley 24.390, tal el precedente sentado de la Corte en el fallo “Muiña”, repudiado con una movilización masiva a nivel local y también a nivel internacional –en los últimos días, de hecho, se conoció la postura condenatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-.

El represor fue considerado partícipe primario de un allanamiento ilegal, de nueve hechos de privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional agravada por el empleo de violencia y amenazas y de otros tres casos agravados por haber durado más de un mes, e imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político en doce oportunidades. Paralelamente, se encuentra procesado y en prisión preventiva en la causa N°2984, también por delitos de lesa humanidad.

Al rechazar el pedido de excarcelación, el TOF 1 de San Martín -integrado por las juezas Marta Isabel Milloc y María Lucía Cassain y el juez Diego Barroetaveña- destacó que el presente caso difería del precedente “Muiña” en tanto la prisión preventiva que cumplió Luis Muiña y que se computó –de acuerdo a lo fallado en el voto de la mayoría de la Corte- fue en un establecimiento penitenciario, mientras que en el caso de Caimi la cautelar se cumplió en todo momento bajo la modalidad morigerada de arresto domiciliario.

Además, en su resolución el TOF 1 resaltó que “un Estado democrático y constitucional de derecho no debe prescindir de las normas que integran la Carta Fundamental a la hora de juzgar incluso los peores delitos contra la humanidad; mas ello implica precisamente honrar tales directrices y satisfacer las exigencias que surgen de los compromisos internacionales asumidos sobre la materia, sin soslayar las garantías constitucionales que amparan a los imputados, pero tampoco las obligaciones contraídas de no frustrar el objeto y fin de los tratados suscriptos por nuestra Nación”.

Los fiscales también habían planteado este aspecto y señalado la distinción de los delitos ordinarios de los de lesa humanidad, al destacar que “a través de la ley 27.156 se reconoce que los delitos como los atribuidos a Caimi no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena”. La decisión tanto de fiscalía como de los magistrados se enmarca en un fenómeno de rebelión judicial desatado tras el fallo del máximo tribunal. Así, ya fueron más de una decena los casos de resoluciones con respuesta negativa ante los pedidos de genocidas de ser favorecidos por el 2×1 y liberados.

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