Memoria y cascos amarillos: homenaje a los desaparecidos de Astarsa

Memoria y cascos amarillos: homenaje a los desaparecidos de Astarsa

En la semana del 24 de marzo, sobrevivientes, familiares, militantes y referentes de Derechos Humanos de Zona Norte volvieron a ingresar a la Anguilera, el espacio de lucha de los obreros navales en los setenta, que quedó en medio de un emprendimiento inmobiliario. Memoria, emoción y fuertes críticas al negacionismo gubernamental.

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Los cascos amarillos son la marca indeleble de un pasado que todos los días está presente en Zona Norte. A días del 24 de marzo, los cascos volvieron ayer a la Anguilera, esa gran plataforma de hormigón que fue cimiento de la militancia y quedó marcada por la represión que arrasó con los trabajadores del astillero Astarsa durante la última dictadura cívico-militar. A 41 años del golpe de Estado de 1976, un homenaje a los obreros militantes que marcaron el camino.

Como cada mes de marzo, la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte organizó el acto hacia la Anguilera. Hasta hace dos años, la marcha avanzaba hacia allí, pero todo transcurría afuera. Por segunda vez tras la recuperación del espacio como “lugar histórico nacional” –después de una larga lucha- ayer la caravana ingresó al predio de los ex astilleros Astarsa, hoy sede del emprendimiento inmobiliario Venice.

“El hecho de entrar en la Anguilera para nosotros es muy representativo. Antes sólo llegábamos a la puerta. A pesar de que es sólo una base de hormigón, también es mucho más que eso. Saber que ahí hubo tanta vida moviliza demasiado”, dijo a El Argentino ZN Graciela Villalba, miembro de la Comisión e hija de Mauricio, trabajador de Astarsa desaparecido desde mayo de 1977.

Una vez paradas sobre esa plataforma que fue espacio de reunión para los obreros navales, las casi 500 personas que participaron del acto escucharon a Juan Sosa, ex trabajador de Astarsa y parte de la emblemática Agrupación Alessio, que logró la toma de los talleres y encabezó la lucha por los derechos laborales de los navales de Zona Norte en los sesenta y setenta. Junto a Sosa, a quien todos allí conocen como Chango, otros tres obreros sobrevivientes fueron parte de la movida.

“A 41 años, seguimos sintiendo lo mismo en esta fecha”; dice Villalba después del encuentro, que tras su paso por la Anguilera continuó con un acto en la Plaza de las Américas, a diferencia de la tradicional marcha de todos los años a la plaza del Canal. Allí hablaron Victorio Paulón de la CTA, el abogado y referente ante causas por delitos de lesa humanidad Pablo Llonto, entre otros. También estuvieron Eduardo Tavanni, del Comité por la liberación de Milagro Sala, así como trabajadores de distintas empresas en conflicto en la zona, como Volkswagen.

La Lija le puso música al encuentro, donde se leyó y aplaudió un contundente documento de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte. “Se ha abierto para nosotros un tiempo histórico difícil, en el marco de pérdidas y retrocesos. Pero no permitiremos que la impunidad y el olvido ganen”, advirtieron, a días de volver a llenar la plaza de Mayo –el próximo viernes- para gritar por Memoria, Verdad y Justicia.

Aquí, algunas de las fuertes definiciones y lapidarias críticas al gobierno de Mauricio Macri que se escucharon en el acto de la Comisión, tras volver a pisar La Anguilera, suelo de lucha:

  • “El gobierno macrista ha cerrado o desmantelado, vaciado, desfinanciado todas la áreas del Ejecutivo vinculadas a las políticas de memoria, verdad y justicia; las de investigación y seguimiento de la violencia institucional; el acompañamiento a las víctimas y sus familiares. Se han transformado radicalmente las políticas públicas para el sector.”
  • “No sólo se afectó la posibilidad de aportar pruebas en los procesos por crímenes contra la humanidad (desmanteló las áreas de investigación documental del Ministerio de Seguridad, por ejemplo), sino que cerrar la subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central implicó atacar además la posibilidad de construir verdad y memoria, que frente a la responsabilidad empresaria resulta relevante.”
  • “En lo que hace a la complicidad civil y económica la Secretaría de DDHH con Avruj a la cabeza limita su intervención judicial, al retirarse como querellante en un juicio y al no apelar el sobreseimiento en una causa tan emblemática como Papel Prensa, permitiendo la más absoluta impunidad para Magnetto, Ernestina y Mitre. Nosotros seguiremos luchando por juicio y castigo a todos los culpables, sean civiles o militares.”
  • “El gobierno sostiene el otorgamiento de prisiones domiciliarias automáticas por el sólo hecho de que los imputados o condenados por crímenes de lesa humanidad cumplan los 70 años. Garavano tiene uno de sus asesores gestionándolo personalmente, esto es ni más ni menos que impunidad: nosotros seguiremos luchando por la cárcel común y efectiva para estos genocidas.”
  • “El negacionismo quiere avanzar. A no dudar: esta es la batalla cultural más importante que debemos sostener en este tiempo. Están buscando transformar el relato, el sentido de lo sucedido en los 60/70 retomando con más fuerza la teoría de los dos demonios o hablando de Guerra sucia. Macri no habla de desaparecidos ni de terrorismo de estado, se deshistoriza lo vivido, se homologa el genocidio con la violencia institucional. Sus funcionarios reciben a grupos de familiares de genocidas que defienden el golpe de estado o en secreto a quienes reivindican el terrorismo de Estado.”
  • “Estamos en estado de emergencia judicial. No sólo no avanzan las causas contra civiles, empresarios, eclesiásticos; no tenemos tribunales conformados para que los juicios se realicen. El retardo de justicia es tal que el ciclo de la vida pone límites a nuestra lucha: la muerte y el deterioro del envejecimiento garantizan impunidad para genocidas y frustración e impotencia para las víctimas y sus familias.”
  • “La mega causa Campo de Mayo tiene hoy 21 juicios esperando su realización, entre ellos el de la Ford que debió comenzar hace dos años y hoy no tiene fecha de comienzo. De los 25 obreros-víctimas que iniciaron la causa, sólo están con nosotros 13, de los tres acusados, uno ha muerto y los otros dos tienen alrededor de 90 años. Denunciamos al poder judicial que está provocando/promoviendo/permitiendo que la justicia no llegue, y donde no hay justicia hay impunidad.”
  • “La respuesta estatal violenta, la criminalización y estigmatización de referentes sociales, militantes y activistas, como por ejemplo Roberto Baradel, las políticas públicas que buscan limitar o restringir los reclamos, la impunidad de las violaciones de los derechos humanos caracterizan esta gestión de gobierno que trata a la protesta social como si fuera una cuestión de seguridad y orden público, y no de derechos.”

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