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Justicia parcial y convenios dudosos: el Tribunal de Cuentas y un reto a Jorge Macri

La sospechosa permuta de un valioso terreno municipal a cambio de un inmueble de valor muy inferior y la asignación por decreto de atribuciones exclusivas a un juzgado de faltas llamaron la atención del organismo, que alertó sobre irregularidades. Una diferencia de siete millones de pesos y el reflote de una designación polémica.

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El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires retó al intendente Jorge Macri. Ante la información presentada por concejales opositores de Vicente López sobre medidas sancionadas el año pasado, el organismo advirtió irregularidades por parte del Ejecutivo local. Por un lado, en la asignación por decreto de mayores atribuciones a uno de los tres juzgados del Tribunal Municipal de Faltas. Por otro lado, por un convenio de permuta suscripto entre el Municipio y un particular, con casi siete millones de pesos de diferencia en detrimento de las arcas comunales. Detrás de una y otra medida, favores para los amigos y la sospecha de siempre: ¿Negociados inmobiliarios?

La sospechosa permuta se concretó a partir de un convenio firmado por Jorge Macri y el presidente de la firma BLA S.A., el 6 de diciembre pasado. Según este intercambio, el Municipio entrega un terreno baldío y muy codiciado en la zona de Munro, a cambio de una vivienda en los alrededores del barrio Las Flores. Una de las primeras cuestiones que encendieron la alarma fue el valor de uno y otro bien. El expediente del Tribunal de Cuentas señala que, según las tasaciones realizadas, el valor del inmueble de BLA se ubica entre 240 y 255 mil dólares. Es decir, algo más de 4 millones de pesos. En tanto, el valor del inmueble de la Municipalidad que se da a cambio tiene un valor de 11 millones de pesos.

La diferencia entre el terreno municipal cedido y el inmueble adquirido, de casi 7 millones de pesos, llevó al Tribunal de Cuentas a concluir que “se estaría ante un contrato de compraventa conforme a lo dispuesto por el artículo 1123 del Código Civil y Comercial de la Nación” y no ante una permuta, dada la “sustancial diferencia entre el valor de las tasaciones de los inmuebles”. Ocurre que, al tratarse de una operación de compraventa –encubierta- debería concretarse mediante licitación pública o remate del bien municipal. Sin embargo, Jorge Macri optó por la llamativa permuta.

La versión oficial sobre la intención del intercambio apunta al proyecto de abrir un centro barrial en el inmueble lindante con el barrio Las Flores. Pero cabe señalar que la vivienda no está en posesión del propietario que firmó la operación –estaría usurpada- y la entrega se concretaría a finales de marzo, aunque el intercambio ya se concretó en los papeles. “No objetamos la finalidad, pero esa casa se podría haber alquilado, si había una urgencia. El Municipio, que alquila tantos edificios como el Centro del Monitoreo, podría haber alquilado la casa y no le iba a implicar un valor demasiado alto”, señaló la concejal Sofía Vannelli, del Frente Renovador, en diálogo con El Argentino ZN. Junto a sus pares Claudia Ávalos Uñates (Gen), Meneca Djedjeian (Agrupación Vecinal N.A.C.E.R.) y Germán Maldonado (FR), fue quien elevó la consulta al Tribunal de Cuentas, que terminó en un reto al jefe comunal.

Al tratarse de una operación de compraventa –encubierta- debería concretarse mediante licitación pública o remate del bien municipal. Sin embargo, Jorge Macri optó por la llamativa permuta.

Vannelli detalló otros aspectos que llamaron la atención de los ediles opositores: “Cuando empezamos a ver detalles, vimos que el terreno (que entrega el Municipio) está en zona privilegiada, es uno de los últimos baldíos que queda en Vicente López”. Resaltó también que el titular de la propiedad que el distrito recibe a cambio del terreno “no tiene posesión del inmueble y la escritura no la va a tener hasta fines de marzo; firma el contrato con el Intendente cuatro días después de firmar el boleto y los 7 millones de diferencia los tiene que pagar la empresa, pero se firmó algo que se va a producir a futuro. Además es un bien del Municipio y quizás alguien podía ofrecer más. No hay urgencia y (la permuta) no es único mecanismo posible”.

La firma BLA, propietaria del inmueble que recibe Vicente López a cambio de entregar un valioso terreno, estaba bajo la presidencia del belga Lieven Herman Godelieve Van Nevel y el joven argentino Pablo de Elizalde. Según un edicto publicado el 3 de octubre pasado en el Boletín Oficial, esos directivos fueron reemplazados por el arquitecto Mario Víctor Winiar como director titular y el contador Héctor Eduardo Goldentul como director suplente. El fantasma de los negocios inmobiliarios sobrevuela.

JUSTICIA POR DECRETO

La segunda cuestión que ameritó la advertencia del Tribunal de Cuentas al intendente de Vicente López no es menos polémica. Tiene que ver con que Jorge Macri asignó -por decreto- competencia en materia de Defensa del Consumidor a uno solo de los tres juzgados que integran el Tribunal Municipal de Faltas, “haciendo dudar de la imparcialidad que dicho órgano debe tener a la hora de defender los derechos de los consumidores y avasallando una vez más las facultades del Concejo Deliberante”, según advirtieron los ediles que elevaron el tema al Tribunal de Cuentas.

“Discutimos que por decreto no podés designar la competencia a un único juzgado, si hay tres. Y si fue establecido por ordenanza, no podés dárselo por decreto. Lo que tendría que hacer (Macri) es presentar una ordenanza para equiparar competencias de los tres juzgados. Así no hay equidad”, apuntó Vannelli, en diálogo con este medio.

En su dictamen, el Tribunal de Cuentas expresó: “Consideramos que el Intendente (para intentar la modificación de una Ordenanza) debería presentar un proyecto de Ordenanza para ser tratado en el Concejo Deliberante y, de ser aprobado, lograr así la pretendida modificación (…) No explica (el decreto) por qué se le asigna competencia específica sobre los Derechos de los Consumidores y Usuarios al Juzgado de Faltas Nº 1”.

No se trata de cualquier juzgado. El número 1 es el que está a cargo de Gabriela Isabel Fuster, cuya designación generó polémica en mayo del año pasado, entre otras cosas por la conocida militancia de la letrada en el PRO.

Claro que no se trata de cualquier juzgado. El número 1 es el que está a cargo de Gabriela Isabel Fuster, cuya designación generó polémica en mayo del año pasado, entre otras cosas por la conocida militancia de la letrada en el PRO. Las críticas reflotaron en noviembre, cuando se decretó la asignación exclusiva de atribuciones a su juzgado. “Se asigna competencia exclusivamente a uno y no a todos los juzgados que integran el Tribunal Municipal de Faltas, justamente a la recientemente designada Dra. Gabriela Fuster, lo que permitiría dudar de la independencia e imparcialidad necesaria”, advertían entonces los ediles Claudia Ávalos Uñates, Lorenzo Beccaría, Meneca Djedjeian, Germán Maldonado, Joaquín Noya, Sofía Vannelli y Rubén Volpi mediante un comunicado.

Previo a ser nombrada al frente del juzgado, Fuster trabajó en el área de Medio Ambiente del Municipio. También representó, como abogada, a quien fuera presidenta del Consejo Escolar de Vicente López en 2013 -Alejandra Otaño, del PRO- cuando fue suspendida ante una denuncia de violencia laboral. Una década antes, su nombre apareció en la conformación societaria de la empresa Poitagua, integrada también por el sargento ayudante retirado Alfredo Omar Feito, detenido cuatro años más tarde por crímenes de lesa humanidad. Pero esa es otra historia.

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