Piden indagatoria a Posse por supuesta defraudación en plan de viviendas nacional

Piden indagatoria a Posse por supuesta defraudación en plan de viviendas nacional

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que se cite a declaración indagatoria al intendente de San Isidro y otros imputados en una causa que investiga un presunto desvío de fondos nacionales destinados a construir viviendas en un asentamiento de ese distrito.

Compartir

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que se cite a declaración indagatoria al intendente de San Isidro Gustavo Posse y otros imputados en una causa que investiga un presunto desvío de fondos nacionales destinados a construir viviendas en un asentamiento de ese distrito, en un dictamen entregado al juez del caso, Sebastián Ramos, según informó Télam.

En agosto de 2016, Di Lello había hecho una recorrida por la villa Martín y Omar, de San Isidro, en una inspección ocular para avanzar en la causa en la que investiga a Posse por no haber construido las viviendas por las que recibió 400 millones de pesos del Estado Nacional.

Se trata de una causa por presunta defraudación a la administración pública por la no ejecución de las viviendas en varios barrios precarios, por lo que Posse recibió más de 400 millones de pesos entre 2005 y 2007 para la construcción de 3246 viviendas. Pero no se construyó ni la mitad.

Así por ejemplo, en el barrio Martín y Omar, ubicado en el Bajo de San Isidro, el municipio debía construir unas 250 casas como parte del subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos del Plan Nacional de Viviendas, pero sólo levantó 43. Lo curioso es que la empresa constructora Emaco S.A., que tenía a cargo la construcción de las viviendas previstas para este barrio, tiene publicado en su página web que la obra se finalizó.

Lo mismo sucedió con otras villas y asentamientos, como La Cava, San Cayetano, Boulogne, Sauce y Uruguay, según destaca la investigación judicial que inició el fiscal federal porteño Jorge Di Lello en enero de 2015 contra Posse, contra dos miembros de su gabinete y contra empresarios vinculados a firmas contratadas para la implementación del proyecto.

La investigación surgió a raíz de una denuncia penal que realizó la concejal del FR Marcela Durrieu, quien aseguró además que de las 1882 viviendas presupuestadas para La Cava, sólo se habían construido unas 400.

Dejar una respuesta