La respuesta de Posse a la denuncia por fraude

La respuesta de Posse a la denuncia por fraude

Por medio de un comunicado, el Municipio de San Isidro cuestionó el proceder del fiscal Jorge Di Lello que citó a indagatoria al intendente.

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Foto: Cristian Salles - Zona Norte Diario Digital

El Municipio de San Isidro, a través de la Secretaría de Obras Públicas, emitió hoy un comunicado en relación al pedido del fiscal federal Jorge Di Lello para que se cite a declaración indagatoria al intendente Gustavo Posse y otros imputados en una causa que investiga un presunto desvío de fondos nacionales destinados a construir viviendas en un asentamiento de ese distrito.

La investigación surgió a raíz de una denuncia penal que realizó la concejal del Frente Renovador Marcela Durrieu, quien aseguró además que de las 1882 viviendas presupuestadas para La Cava, sólo se habían construido unas 400. En agosto de 2016, Di Lello había hecho una recorrida por la villa Martín y Omar (foto), en una inspección ocular para avanzar en la causa en la que investiga a Posse por no haber construido las viviendas por las que recibió 400 millones de pesos del Estado Nacional.

El comunicado del Municipio de San Isidro:

Con respecto a la denuncia realizada por la señora Marcela Durrieu de Galmarini, la Secretaría de Obras Públicas de San Isidro comunica que:

El 23 de agosto de 2016, el Municipio hizo una presentación en relación al proyecto 48 (Bajo de San Isidro), donde se explicaban los factores que llevaron a la diferencia en la cantidad de viviendas construidas con las promocionadas y el atraso en la construcción de las mismas.

Los recursos girados por el Estado Nacional suponían la construcción de esa cantidad de viviendas en un lugar que ya contara con la aptitud de los suelos, infraestructura de servicios instalada (luz, gas, agua, cloacas, entre otros), trazado urbano perfectamente delimitado y espacio en los asentamientos disponibles para la construcción de esa cantidad de viviendas. Sin embargo, la realidad era muy distinta.

Con el mismo presupuesto hubo que realizar obras de infraestructura imprescindibles que no fueron previstas y sin las cuales sería imposible construir las viviendas: los estudios y saneamiento de suelos; la demolición de viviendas existentes en las trazas de las calles para lograr espacio para la construcción de nuevas viviendas; la instalación de algunos servicios inexistentes en la zona o adaptación y regularización de los ya existentes; la construcción de viviendas provisorias para que habitaran las familias desplazadas mientras se construían las nuevas viviendas y la adaptación de las viviendas según conformación del grupo familiar y las necesidades que estos demostraban (incapacidades, enfermedades, edad de los menores)

En cumplimiento de la ley, los certificados de medición emitidos desde el inicio de la certificación de las obras hasta el final de las mismas fueron visados por supervisores de obras del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

El Municipio y defensores de otros denunciados le solicitaron al fiscal que se llevaran a cabo las pericias para demostrar la inexistencia de los hechos denunciados por Durrieu. El fiscal ordenó la producción de las mismas.

En forma sorpresiva y sin que se llevaran a cabo las pericias, el fiscal le requiere al Juez que cite a prestar declaración indagatoria a diversos empresarios, funcionarios municipales y del Instituto Provincial de la Vivienda. Las pericias que debieron realizarse y todavía no se llevaron a cabo demostrarán que los hechos denunciados no son ciertos.

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