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Fuerte denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria por el aumento de la represión

"El uso de balas de goma y gases lacrimógenos se ha transformado en el protocolo de actuación sistemático", señaló el organismo. Y cuestionó el avance represivo sobre protestas sociales y legítimas, contempladas en la Constitución Nacional.

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Represión en AGR- Clarín a raíz del reclamo de sus trabajadores por despidos masivos.

“El nunca más de hoy es nunca más represión”. Bajo este mensaje, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció el avance de la represión a la protesta social durante el gobierno de Mauricio Macri.

“El uso de balas de goma y gases lacrimógenos se ha transformado en el protocolo de actuación sistemático”, señala el comunicado que enumera diversos casos graves que ocurrieron en el último año, entre ellos la detención arbitraria de Milagro Sala en Jujuy; la represión que sufrieron esta semana los trabajadores  AGR del Grupo Clarín, que protestaban por los despidos masivos; la represión a los mapuches en Chubut, y la de los inundados que protestaron en pergamino ante la inacción estatal en medio de la catástrofe.

“Insistimos en señalar que lo que se reprime son manifestaciones legítimas amparadas por las constituciones nacionales y provinciales. Lo que se reprime son manifestaciones de conflictos que implican vulneraciones graves en los derechos de las personas que reclaman. La toma pacífica de los lugares de trabajo y la permanencia en ellos, la toma de tierras en el reclamo de la legítima posesión o de los ‘sin techo’, los cortes de ruta o calles, son parte de los repertorios de la protesta, son modos instituidos para expresarse de aquellos que no tienen otro recurso que la acción colectiva para la visibilización y denuncia pública del agravio sufrido. Son parte del juego de la vida democrática. No la degradan sino todo lo contrario, la profundizan y la consolidan”, señala el texto.

Y agrega: “El uso del código penal como solución a los conflictos sociales sólo los agrava y niega tanto los derechos por los que se reclama como el derecho a la protesta misma, sin la cual la democracia se debilita para dejar de serlo. Si no se garantiza la exigibilidad de los derechos,  la ciudadanía se restringe a su mínima expresión: votar cada dos años”.

La CPM señala además que ven “con honda preocupación” todos estos avances contra los derechos ciudadanos “porque no es la primera vez que ocurre”. En este sentido, destaca: “En los años noventa, esa década tan aciaga para nuestra democracia, la criminalización de la protesta fue la política del gobierno para avanzar en el feroz avasallamiento de conquistas y derechos que terminaron con más de la mitad de la  población en la pobreza y el 25% de desocupación. El doloroso 2001 con el saldo de 39 personas asesinadas por el Estado fue el corolario trágico de esa política”.

“Los conflictos no se resuelven con garrotes, gases lacrimógenos y balazos. Se resuelven por la vía del diálogo, del reconocimiento de derechos, de un Estado que incline la balanza por los más débiles y no gobierne para los más fuertes”, dice el comunicado.

Y añade: “En este camino, jueces y fiscales también deben analizar todos los elementos de un conflicto y resolver considerando los estándares de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional. La balanza de la justicia implica el uso de la ley para equilibrar el poder de los más débiles con los más poderosos. Para garantizar el derecho de los que menos tienen y que son iguales frente a la ley”.

Finalmente, cuestiona las discusiones y proyectos que intentan bajar la imputabilidad de los menores: “Mucho se ha discutido en las últimas semanas sobre el tema de la inseguridad y la violencia, identificando a los niños y adolescentes como un peligro para la sociedad y, en gran medida, responsables de la violencia aunque claramente no es así. La represión estatal también es inseguridad y atenta con mayor poder que los individuos contra los bienes, la integridad y la vida de las personas. Si queremos una sociedad sin violencia, el primero que debe abdicar de su uso irracional y arbitrario es el Estado”.

Represión a mapuches en Chubut.

Poco antes de terminar 2016, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también expresó su preocupación ante las innumerables violaciones a los derechos humanos que se dieron a lo largo del año y que, aseguró, en diciembre se agravaron particularmente. Todavía faltaba la escalada represiva de enero, en la que fueron reprimidos una comunidad mapuche en Chubut, los manteros en el barrio porteño de Once, los trabajadores del Grupo Clarín, los inundados en Pergamino, y muchos etcéteras.

En la solicitada, el SiPreBA puso énfasis en el rol de los medios de comunicación a la hora de informar estos acontecimientos. “No nos escapa que los medios de comunicación juegan un rol importante a la hora de legitimar -o no- las políticas represivas. Como sindicato que pelea por los derechos de los trabajadores y por una comunicación al servicio de los sectores populares, expresamos nuestro profundo malestar ante lo que consideramos una escalada represiva”, señalaron desde el sindicato.

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