La Justicia escuchó a los vecinos y frenó las obras en el...

La Justicia escuchó a los vecinos y frenó las obras en el arroyo Raggio

Una medida cautelar ordenó retirar las topadoras e interrumpir las obras en el arroyo de Vicente López, tal como reclamaban desde la asamblea Unidos por el Río. Un logro en medio de una larga lucha, impulsada por quienes defienden los derechos ambientales de la comunidad.

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La asamblea Unidos por el Río frenó las topadoras que avanzaban sobre el arroyo Raggio el 22 de noviembre. Los integrantes de la organización se pusieron delante de las máquinas contratadas por el Círculo de la Policía Federal (CPF) y no las dejaron seguir. Ese día pusieron el cuerpo y consiguieron una victoria. Y, hace una semana, empezaron otra batalla: presentaron un recurso de amparo para el cese definitivo de la construcción sobre el curso de agua. Ayer, la Justicia porteña dictó una medida cautelar para que el CPF frene las obras y retire las topadoras del Raggio, en el límite de la Ciudad de Buenos Aires y Vicente López.

“El fallo es muy importante. La Justicia da el marco de protección que nosotros conseguimos hasta ahora con las movilizaciones. Nos da tranquilidad”, dijo Alejandro Benatar, integrante de la asamblea Unidos, a El Argentino ZN.

La jueza Alicia Bibiana Pérez, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N 7 porteño, ordenó al CPF que se abstenga de realizar cualquier obra de dragado, ensanchamiento, entubamiento y alteración del ecosistema del Arroyo Raggio: “Como así también tala de árboles, removimiento de tierra, disminución del terreno absorbente, modificación de la topografía, deforestación y arrasamiento de vegetación dentro del corredor biológico, en el tramo que comprende desde la Avenida General Paz hasta su desembocadura del Río de la Plata”.

“La Justicia da el marco de protección que nosotros conseguimos hasta ahora con las movilizaciones. Nos da tranquilidad.”

Para la resolución judicial, la jueza citó el artículo 41 de la Constitución Nacional y los artículos 1 y 4 de la Ley 25.675 General del Ambiente. “Se arrimó un dictamen de Carlos Ignacio Borón, Licenciado en Biología y Doctor en Química, que refleja la biodiversidad del lugar y los servicios ambientales que brinda. El derecho ambiental es de naturaleza esencialmente preventiva, de adecuación de procedimientos anticipatorios”, señaló Pérez en su fallo.

Antes de conocerse la medida cautelar, el CPF y el gobierno porteño -a través de la Agencia de Protección Ambiental- hicieron una plantada de 200 árboles el último martes. Junto a otras organizaciones, repusieron vegetación que había sido arrasada a lo largo de las orillas. Para Unidos por el Río fue una lavada de cara de la Policía, pero también un logro. Aunque aclararon que no es la recompensación necesaria. “Queremos que haya una reparación integral”, exigieron desde la asamblea.

El Raggio es un arroyo de aguas pluviales y transparentes y a su alrededor se ha formado un humedal con selva en galería. Tiene distintas especies de plantas que los especialistas que forman Unidos saben diferenciar: ceibo, sauce criollo, curupí. En 2015, el gobierno porteño le cedió los terrenos al CPF en un intercambio. En una publicación de la página del club explicaron el proyecto que tenían para el lugar: “Desmalezamiento y parquización del área. Construir una guardería en el predio para uso de asociados y otra guardería para usuarios no socios”. Las topadoras contratadas por la institución policial ya tiraron abajo parte de la vegetación de la ribera. Y avanzaron también sobre los márgenes que corresponden a la provincia.

Antes se pensaba que el Raggio dividía el partido bonaerense con la Ciudad. Pero ahora se sabe que no: los integrantes de Unidos consiguieron las planchetas del municipio. El límite es una línea recta imaginaria que se traza a partir de un punto marcado sobre la avenida Raúl Alfonsín. Si se sigue su curso, después del puente multicolor que conecta las dos jurisdicciones, el arroyo hace una curva y queda dentro de Vicente López hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Son 10.000 metros cuadrados de superficie.

“Antes del cruce, pertenece a la Ciudad. Igual, la Policía no tiene la propiedad del terreno ni los papeles. Y aunque le hayan dado una especie de precontrato, nunca hizo una evaluación del impacto ambiental como exige la normativa. Así que las obras son ilegales”, explicó Fernando Cabaleiro, abogado de Unidos y coordinador de la ONG Naturaleza de Derechos -patrocinadora legal del recurso de amparo- a El Argentino ZN.

“Es un objetivo que vamos consiguiendo. Es un reconocimiento a la lucha. Igual ahora hay que cuidar la costa por el avance del negocio inmobiliario. Tenemos cerca el shopping de Al Rio SA y las torres”, advirtió Benatar. Y agregó que el fallo judicial que consiguieron demuestra que las cosas se pueden cambiar: “Mucha gente no participa de las acciones vecinales porque piensa que ya está todo arreglado, que es un negociado. Cuando nos comprometemos todos, se pueden transformar las cosas para bien”.

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