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Fuerte repudio al uso de Campo de Mayo como “cárcel VIP” para genocidas

Organismos y abogados querellantes preparan medidas para intentar frenar la implementación de la medida, dispuesta por el Gobierno nacional sin consultar a los jueces. El lugar había sido cerrado para este fin en 2013, por el peligro de fuga y las condiciones de privilegio.

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El Gobierno nacional volvió a habilitar la prisión militar de Campo de Mayo para alojar a represores condenados o procesados, a través de la resolución 2004/16 del Servicio Penitenciario Federal. El lugar había sido cerrado para este fin en 2013, por las bajas condiciones de seguridad y el peligro de fuga. El repudio no tardó en surgir de parte de organismos de derechos humanos y abogados querellantes en los juicios por crímenes de lesa humanidad.

“Se están preparando escritos para esta semana. La decisión (de volver a habilitar la prisión de Campo de Mayo) la tomó arbitrariamente el Servicio Penitenciario: los jueces no fueron consultados. Pero la decisión la tienen que tomar los jueces”, advirtió el abogado querellante Pablo Llonto, en diálogo con El Argentino ZN. En cuanto al rechazo que genera el uso de ese espacio para alojar genocidas, destacó “el riesgo de fuga, el tema de la desigualdad, porque implica situación de privilegio”, en relación a las condiciones de reclusión de presos comunes. El alojamiento en este sitio incluye el uso de las instalaciones como los quinchos, canchas de fútbol y hectáreas verdes al aire libre.

Llonto ubicó esta decisión del Gobierno nacional en el marco de todo su accionar en materia de políticas de memoria, verdad y justicia. “La lentitud de los juicios sigue siendo el problema número uno. Es un tema del Poder Judicial, pero de parte del Ejecutivo antes había preocupación y la voluntad de tratar de pensar formas de resolución: hoy, nada. Todo lo contrario. Ponen más obstáculos para que nos tengamos que ocupar de más cosas y más problemas, como esta última resolución de enviar nuevamente a los procesados a una unidad militar”.

Como plantea Llonto, los traslados de represores a Campo de Mayo comenzaron sin autorización de la Justicia. El diario Página 12 reveló el anuncio del traslado de un detenido que recibió uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza, notificación que luego se repitió por dos detenidos en Bahía Blanca y por uno de la causa por el Hospital Posadas a cargo del TOF 1 de la Ciudad de Buenos Aires. La resolución del Servicio Penitenciario, firmada el 1º de diciembre, da cuenta de una capacidad de 125 plazas. La argumentación de la medida apunta a tres razones: vejez o ancianidad de los genocidas, “notable incremento de la población carcelaria” y entrada en vigencia de la Ley de Flagrancia, que reduciría las plazas en cárceles comunes.

El Instituto Penal de las Fuerzas Armadas ubicado en Campo de Mayo pasó a la órbita del Servicio Penitenciario en 2007 y fue cerrado en 2013 por no cumplir las normas de seguridad. En ese predio militar funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar, así como una maternidad clandestina. Es un ícono de la represión en Zona Norte e históricamente referentes de derechos humanos de la región han intentado recuperarlo como sitio de memoria.

La Red provincial por los Derechos Humanos fue una de las entidades que expresó su repudio ante esta decisión de rehabilitar una “cárcel VIP” para detenidos por crímenes de lesa humanidad. “Significa un nuevo beneficio para los genocidas. Que se suma al beneficio de prisión domiciliaria, que este ultimo año se vio en aumento, decisión que fue acompañada por expresiones de funcionarios del Estado nacional que mostraron el acuerdo con esta medida. Desde la Red provincial por los Derechos Humanos exigimos la cárcel común y efectiva a los responsables del genocidio cometido en nuestro país durante la dictadura cívico militar de 1976-1983”.

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