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Denuncian al fiscal general de Mar del Plata por delitos de lesa humanidad en Zona Norte

La Comisión Provincial por la Memoria aportó documentación que ubica a Fabián Fernández Garello como personal de inteligencia de la Policía Bonaerense durante la última dictadura. Uno de los casos en los que se lo involucra es el secuestro y desaparición de Ana María Martínez, cuyo cuerpo fue hallado en Punta Querandí. Piden su apartamiento y juicio político.

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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y aportó documentación que lo involucra en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. Una de ellas incluye el caso de Ana María Martínez, considerada la última desaparecida de la dictadura cívico-militar, cuyo cuerpo fue hallado en Punta Querandí –Tigre-, hoy convertido en Espacio de Memoria.

Además de la causa por el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, Fernández Garello está implicado en la detención ilegal y tortura de militantes comunistas. Cuando se cometieron estos crímenes, durante la última dictadura, el fiscal era sub inspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, así como infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado.

Fiscal general de Mar del Plata, denunciado.
Fiscal general de Mar del Plata, denunciado.

Según reveló la CPM, el actual fiscal de Mar del Plata se infiltró por entonces en reuniones de las Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Espiscopal. A raíz de estos datos, la Comisión informó a las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense y solicitó su inmediata intervención: “Ante la gravedad institucional del caso, la CPM solicita su juicio político y el urgente apartamiento de sus funciones”.

A través de un comunicado, Fernández Garello aseguró “desconocer la documentación a la que se hace mención” y dijo que en el momento del secuestro y asesinato de Martínez “prestaba servicios en la Dirección General de Asuntos Judiciales con asiento en la Comisaría de Haedo para trabajar con Jueces del Departamento Judicial de Morón, dato que puede corroborarse accediendo a la información de mi legajo, por lo que resulto totalmente ajeno a ese hecho” y a otros de “similar naturaleza”. Sin embargo, los documentos aportados por la CPM lo contradicen.

De acuerdo a esos datos, durante la dictadura cívico-militar el ahora fiscal general de Mar del Plata actuó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Sólo entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas propias del terrorismo de Estado.

La Comisión aportó documentos que involucran a Fernández Garello, entre otros agentes de la DIPPBA, en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de tres militantes del Partido Comunista, el 23 de Julio de 1981. El entonces oficial subinspector participó tanto del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos las víctimas.

“Ante la gravedad institucional del caso, la CPM solicita su juicio político y el urgente apartamiento de sus funciones”.

Por otra parte, la CPM también envió documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona militar IV. La delegación DIPPBA San Martín, donde actuaba Fernández Garello, era parte de esa zona militar a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

“Un examen de las 17 acciones de inteligencia del actual fiscal general de Mar del Plata registradas en el archivo de la DIPPBA permite identificar como rasgo principal de estas intervenciones el espionaje político y gremial”, señala el comunicado de la CPM. En el material relevado aparecen memorandos de inteligencia referidos a conflictos laborales y gremiales en Textil Patagónico, Fiat Concord y Deutz Argentina, entre otros. También se constata el registro de murales y panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas. Estas acciones forman parte del proceder de la DIPPBA que operó como una suerte de policía política del estado terrorista.

Otro accionar sistemático de la DIPPBA fue la infiltración sobre organizaciones sociales y políticas, y Fernández Garello no fue ajeno a esas prácticas: participó del informe que implicó para su desarrollo la infiltración en una reunión mantenida entre autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y las Madres de Plaza de Mayo. También se registran infiltraciones a cooperadoras escolares e incluso el seguimiento de una agencia de turismo que promovía como destino al Kremlin, en el marco de la persecución a la militancia comunista.

“La permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la DIPPBA, fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado”, planteó la CPM, que hoy dará una conferencia de prensa por este tema. “Entre sus funciones, por ejemplo, está la puesta en marcha de la policía judicial en el departamento de Mar del Plata. La policía judicial es una reforma que apunta a la renovación del sistema judicial y aporta a la modificación del paradigma de investigación, basado en la delegación fiscal en la policía bonaerense. De ninguna manera, entonces, puede quedar bajo las órdenes de una persona que fue agente de inteligencia y perpetró delitos de lesa humanidad”, concluyó el organismo.

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