Presentan un proyecto para garantizar el aborto no punible en la Provincia

Presentan un proyecto para garantizar el aborto no punible en la Provincia

Lo presentó la diputada provincial por Pilar Lucía Portos. El proyecto comprende que la interrupción legal del embarazo es un derecho incorporado al Código Penal desde 1921. Es para casos en los que el embarazo es un riesgo para la salud de la mujer o cuando es producto de la violencia sexual.

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Diputada provincial Luciía Portos.

Pocas horas después de que la gobernadora María Eugenia Vidal diera marcha atrás en su adhesión al protocolo de aborto no punible recomendado por la Corte Suprema en 2012, la Diputada Provincial Lucía Portos presentó un proyecto de ley que busca garantizar al acceso al derecho de la interrupción legal del embarazo en la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto comprende que la interrupción legal del embarazo es un derecho de las mujeres Argentinas desde 1921 y tiene como objetivo que “se asegure el cumplimiento de éste derecho en la provincia mediante una regulación clara y eficiente del mismo”, según informó en un comunicado.

La interrupción legal del embarazo (ILE) o aborto no punible (ANP) es un derecho que se encuentra reconocido en nuestro Código Penal desde 1921. Esto significa que en 2 casos los abortos no son penados y deben llevarse a cabo cuando: cuando el embarazo represente un riesgo para la salud de la mujer (causal salud) y cuando sea producto de la violencia sexual (causal violación).

“Al ser un derecho, es necesario regular el acceso para que ninguna mujer, niña o adolescente se vea impedida de acceder a su derecho”, destacó.

El proyecto exige el armado de un protocolo completo de ILE en la Provincia, para garantizar el acceso correspondiente en los casos de no punibilidad, y generar su regularización clara y eficiente. “Estableciendo parámetros claros de aplicación en conceptos que han resultado conflictivos en el acceso a la ILE y los recursos correspondientes que deben tenerse en cuenta a la hora de garantizar el derecho”.

La legislación propuesta” busca la Aprobación de una Guía Técnica para la Atención Integral de las Personas en Situación de ILE, eliminar requisitos ilegales ya que la interrupción de un embarazo en estos casos, no requiere de autorización judicial, ni denuncia penal, ni de ningún otro requisito más que los expresados en la presente norma”.

Además, busca establecer la “Primacía de la libre y autónoma voluntad femenina”, ya que la decisión de la mujer, en referencia a la práctica o no de la ILE, “no debe ser sometida a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas, por parte de los profesionales de la salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad”.

También el “Resguardo de la solicitante” en todo momento y se garantizará la confidencialidad preservando sus datos personales y familiares.

En el escrito, Portos considera que es una obligación del sistema de salud “Informarle a las mujeres en situación correspondiente del derecho a la ILE”, y que si bien “La objeción de conciencia es un derecho del personal médico, sin embargo, es un compromiso informarla con antelación y es requerimiento de la institución garantizar el derecho a la ILE con otro profesional capacitado”.

El proyecto obliga a las autoridades de aplicación a “adoptar medidas para la capacitación con perspectiva de género y derechos humanos de los y las profesionales de la salud, policías, educadores/educadoras, miembros del poder judicial involucrados en el cumplimiento de la presente ley y personas que formen parte del sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

En el caso de incumplir la norma o realizar “maniobras dilatorias, suministrar información falsa, la reticencia para llevar a cabo la práctica de la ILE y la divulgación de información violando el deber de confidencialidad por arte de los profesionales de la salud, las autoridades hospitalarias y cualquier otra persona que tome conocimiento de la solicitud de interrupción del embarazo en su calidad de funcionaria pública de la Provincia, así como miembros del poder judicial o de las fuerzas de seguridad; constituyen violación del derecho de niñas, mujeres y adolescentes de acceder al aborto en los casos permitidos por ley y el ejercicio de violencia reproductiva y obstétrica y están sujetas a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente”.

Frente a dichas violaciones, el texto sostiene que “Se debe asegurar la existencia de medidas de reparación adecuadas y la acción positiva del Estado Provincial para asegurar investigación, sanción y no repetición”.

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